La determinación de la remuneración anual máxima de los servidores públicos, conforme al artículo 127 constitucional, requiere una metodología clara para trasladar el producto interno bruto per cápita a precios del año en curso, la cual debe estar prevista en la ley secundaria.

El asunto aborda la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Se cuestiona la metodología para determinar la remuneración anual máxima, específicamente el cálculo del producto interno bruto per cápita, argumentando que no se apega a lo previsto en el artículo 127 constitucional por falta de una metodología clara. Aunque se reconoce la autonomía de gestión y presupuestaria de organismos como la COFECE, se subraya que esta no es absoluta y está sujeta a fiscalización. La demanda impugna la omisión de expedir una ley que cumpla con el mandato constitucional, pero en realidad combate artículos de la ley secundaria por considerarlos inconstitucionales.