La omisión legislativa de atender una iniciativa de reforma en materia de desarrollo urbano y prevención de riesgos, así como la falta de acción gubernamental para combatir el juego prohibido, pueden ser objeto de controversia constitucional si afectan la esfera de competencia municipal y la seguridad pública.

El Municipio de San Pedro Garza García promovió controversia constitucional contra el Congreso y el Gobernador de Nuevo León por la omisión de legislar en materia de prevención de riesgos urbanos y por el incumplimiento de un acuerdo de coordinación para combatir el juego prohibido. El Municipio argumentó que estas omisiones afectaban su autonomía municipal y la seguridad pública. El Tribunal Pleno analizó si la omisión legislativa y la inacción gubernamental constituían violaciones a la Constitución y si afectaban la esfera competencial del municipio, considerando la naturaleza concurrente de las materias de desarrollo urbano y seguridad pública.