El Presidente Municipal, el Cabildo y el Congreso del Estado deben ser requeridos para garantizar el pago de una condena judicial, mediante la incorporación de partidas presupuestarias y la aprobación del presupuesto correspondiente.

El presente caso aborda la ejecución de una sentencia en un juicio mercantil, donde el juez de distrito determinó no proveer lo solicitado por la parte actora para vincular a autoridades municipales al cumplimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo, estableció que es procedente requerir al Presidente Municipal para que incorpore la condena en el presupuesto de egresos de 2024, al Cabildo para que manifieste su conocimiento y vigile la inclusión del monto adeudado, y al Congreso del Estado para que apruebe dicho presupuesto. Esto, con el fin de garantizar el pago total a la parte quejosa.