La fundamentación y motivación de los actos administrativos, en particular de aquellos que determinan créditos fiscales, deben ser exhaustivas y precisas, citando las disposiciones legales aplicables y las razones que justifican su emisión, a fin de garantizar la seguridad jurídica del gobernado.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa analiza la legalidad de una resolución que determinó un crédito fiscal, centrándose en la correcta fundamentación y motivación de los actos de la autoridad fiscal. Se examina si la autoridad citó adecuadamente las disposiciones legales que sustentan su competencia y las razones para considerar los depósitos bancarios como ingresos gravables, así como la pertinencia de la cita del artículo 21 Constitucional en materia de multas. El caso destaca la importancia de que las autoridades fiscales funden y motiven sus resoluciones de manera completa para garantizar la seguridad jurídica.