La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la constitucionalidad de un decreto legislativo, aun cuando haya sido reformado posteriormente, si la demanda se presentó dentro del plazo legal y se cumplen los requisitos de legitimación y conceptos de invalidez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores en contra de un decreto que reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los promoventes alegaron violaciones al procedimiento legislativo y a principios constitucionales. La Corte analizó la oportunidad de la demanda, la legitimación de los promoventes y desestimó las causas de improcedencia planteadas por el Poder Ejecutivo, relacionadas con la participación en el proceso legislativo y la supuesta falta de conceptos de invalidez. Se determinó que la acción es procedente si se cumplen los requisitos formales, independientemente de reformas posteriores al decreto impugnado.