El procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza autónoma y jurisdiccional, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para legislar en esta materia, siempre que los procesos se relacionen con delitos de competencia local o aquellos de competencia federal cuya operatividad sea concurrente con autoridades locales.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal promovió una acción de inconstitucionalidad contra reformas a la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, argumentando que vulneraban los derechos de audiencia, defensa adecuada, debido proceso y acceso a la justicia. La Suprema Corte determinó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene competencia para legislar en materia de extinción de dominio, siempre que los delitos relacionados sean de competencia local o concurrente. Además, analizó los argumentos sobre la vulneración de derechos procesales, considerando que las reformas buscaban agilizar el procedimiento sin menoscabar las garantías fundamentales.