Se confirma la validez de las disposiciones fiscales impugnadas, al estimarse que no vulneran el principio de seguridad jurídica y que sus requisitos son claros dentro del sistema normativo aplicable. Aunque se advierten irregularidades en la valoración de pruebas y en la motivación de la sentencia, tales vicios resultan inoperantes porque no afectan el sentido de la resolución. Además, subsiste como razón suficiente para sostener el fallo la falta de acreditación de un debido registro contable por parte de la contribuyente. Finalmente, se determina que correspondía a la quejosa desvirtuar las irregularidades fiscales detectadas, por lo que son infundados los argumentos relativos a la carga de la prueba.