No resulta inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, puesto que no contraviene los derechos humanos de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso, progresividad, igualdad, confianza legítima, y presunción de inocencia, respecto de la quejosa a quien se le ubicó como empresa que deduce operaciones simuladas "EDOS". Lo anterior con sustento en jurisprudencias y ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicables por analogía y en lo conducente. Tampoco resulta inconstitucional la sentencia reclamada, porque: 1) La carga de la prueba en el procedimiento a que alude tal numeral corresponde al contribuyente; 2) Por tanto, la autoridad demandada no estaba obligada a aportar el expediente administrativo de su proveedor; 3) Dicha autoridad, y la Sala responsable, no estaban obligadas a precisar cuáles eran las pruebas idóneas para desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones -al margen de que la responsable sí lo hizo-; 4) Al procedimiento de que se trata, no le es aplicable el principio de presunción de inocencia; 5) La Sala Administrativa sí valoró las pruebas aportadas por la demandante, y tal ponderación no es combatida eficazmente en los conceptos de violación; 6) Si bien se ofrecieron como hechos notorios, sentencias de nulidad en las que, según la actora, se determinó la nulidad de la inclusión en la lista a su proveedor como "EFOS", y que una empresa similar a la demandante demostró la materialidad de sus operaciones; lo cierto es que tales sentencias no obran en el juicio de nulidad, ni puede advertirse si se trata de resoluciones definitivas.