La prohibición de explotación, prevista en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es aplicable a contratos de arrendamiento que contengan pactos de intereses moratorios o penas convencionales, siempre que se demuestre una afectación a la dignidad de la persona abusada, además de un provecho económico o material excesivo.

El presente asunto se relaciona con un contrato de arrendamiento en el que se pactaron intereses moratorios del 1% diario. La empresa arrendataria argumentó que esta tasa, así como la pena convencional, configuraban usura y explotación. El Tribunal Colegiado negó el amparo, considerando que la usura no se actualiza en contratos de arrendamiento y que la explotación no fue debidamente probada. La Suprema Corte determinó que, si bien la usura se limita a los préstamos, la figura de explotación sí puede actualizarse en contratos de arrendamiento si se demuestra una afectación a la dignidad de la persona, además de un provecho económico excesivo. Por ello, devolvió el asunto al Tribunal Colegiado para que realice este análisis.