La imposición de una sanción administrativa es obligatoria una vez que la autoridad ha determinado la actualización de una infracción, sin que exista margen de discrecionalidad en dicho actuar.

El presente criterio establece que las autoridades fiscales no tienen discrecionalidad al momento de imponer una sanción administrativa. Una vez que se ha comprobado la comisión de una infracción, la autoridad tiene la obligación de aplicar la sanción correspondiente, sin poder omitirla o modificarla a su arbitrio. Esto garantiza la aplicación uniforme de la ley y la certeza jurídica.