La imposición de penas de prisión vitalicia y multas, así como la sustitución de estas últimas por jornadas de trabajo o confinamiento, deben atender a los principios de proporcionalidad y legalidad, garantizando que las sanciones se adecúen a la gravedad del delito y a la capacidad del sentenciado.
El caso aborda la imposición de penas por homicidio calificado, incluyendo prisión vitalicia y multas, así como las sustituciones de estas últimas por trabajo comunitario o confinamiento. Se cuestiona la proporcionalidad y legalidad de dichas sanciones, especialmente cuando se basan en testimonios que podrían estar viciados por animadversión o rencor. La resolución debe garantizar que las penas impuestas sean justas y se ajusten a las circunstancias específicas de cada caso y del sentenciado.
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