La igualdad normativa presupone la comparación entre regímenes jurídicos, requiriendo la elección de un término de comparación apropiado para determinar si existe una diferencia de trato y si esta persigue una finalidad constitucionalmente válida, además de ser adecuada para su logro.

El control de constitucionalidad de normas que presuntamente violan la garantía de igualdad exige no solo la comparación de la norma impugnada con el precepto constitucional, sino también con otro régimen jurídico. Se debe identificar un término de comparación relevante, establecer si los sujetos comparados son iguales y si el trato es desigual. Si existe diferencia de trato, se debe verificar si la finalidad perseguida es constitucionalmente válida y si la medida es adecuada para alcanzarla.