Atendiendo a que los agravios formulados evidencian la falta de verificación de los presupuestos estructurales de la suspensión condicional del proceso, la indebida aplicación del artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la ausencia de motivación suficiente en torno a la reparación del daño y al alcance de la resolución administrativa invocada, este Tribunal de Alzada concluye que los mismos resultan fundados, en consecuencia, al haberse acreditado la ilegalidad de la determinación impugnada, lo procedente es revocarla en los términos precisados en la presente resolución, a efecto de restituir el equilibrio procesal y garantizar la tutela efectiva de los derechos de la víctima conforme al marco constitucional y legal aplicable.