La declaratoria general de inconstitucionalidad requiere, como presupuestos básicos, la existencia de una jurisprudencia establecida por precedente obligatorio, que esta se haya fijado en un juicio de amparo indirecto y que en dicho precedente se haya resuelto la inconstitucionalidad de una norma general.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 11/2022, estableció los requisitos para la procedencia de este mecanismo. Se determinó que es indispensable contar con una jurisprudencia obligatoria, la cual debe haberse emitido en un juicio de amparo indirecto y haber declarado la inconstitucionalidad de una norma general.
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