La libertad de jurisdicción del juzgador para hacer uso de los medios de apremio que juzgue convenientes, al solicitar informes a las dependencias federales, no es absoluta y debe ejercerse respetando los plazos legales establecidos.

El presente extracto aborda la facultad del juzgador para solicitar informes a la PROFEPA y a la Secretaría de Salud Federal, estableciendo un plazo improrrogable de diez días hábiles. Se enfatiza que el juzgador cuenta con libertad de jurisdicción para emplear medios de apremio, pero esta facultad debe ejercerse dentro del marco legal y respetando los plazos fijados para la rendición de dichos informes.