La facultad para legislar en materia de combate al alcoholismo es concurrente entre el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, sin que ello implique la invasión de las esferas de competencia municipal en cuanto a la regulación de la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
El Municipio de Othón P. Blanco impugnó un decreto estatal que reformaba la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, argumentando una invasión de su competencia municipal y una violación a su autonomía. La Suprema Corte analizó la concurrencia de facultades entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública y combate al alcoholismo. Determinó que, si bien los municipios tienen facultades en la regulación de establecimientos y la expedición de permisos, la facultad legislativa para establecer bases generales y combatir el alcoholismo recae en las legislaturas estatales, sin que esto anule la autonomía municipal.
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