La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la totalidad de los actos y normas impugnadas en una controversia constitucional, incluyendo aquellas que se reclaman por vicios propios y aquellas cuya inconstitucionalidad deriva de un acto principal declarado inválido.

El Poder Ejecutivo de Nuevo León promovió una controversia constitucional contra el Poder Legislativo de la misma entidad, impugnando diversos decretos y acuerdos relacionados con la conformación del sistema anticorrupción y la designación de funcionarios públicos. El Ejecutivo argumentó violaciones a la división de poderes, incompetencia legislativa, y vicios en el procedimiento legislativo. La Suprema Corte, al resolver, determinó la necesidad de analizar todos los actos impugnados, tanto los que presentaban vicios propios como aquellos cuya invalidez se derivaba de la inconstitucionalidad de un decreto principal.