La Sala Fiscal debe limitarse a verificar la correcta integración del expediente con los documentos que acreditan la exigibilidad de la obligación garantizada, sin que le corresponda analizar la validez o legalidad de dichos documentos en el procedimiento de rescisión contractual, pues estas cuestiones son ajenas e independientes a la legalidad del requerimiento.

El presente caso aborda la revisión de una sentencia en materia fiscal. La cuestión central radica en determinar el alcance de la revisión que debe realizar la Sala Fiscal al examinar la legalidad de un requerimiento de pago. Se establece que la Sala Fiscal debe constatar únicamente si se acompañaron los documentos necesarios para justificar la exigibilidad de la obligación garantizada, sin que deba pronunciarse sobre la validez o legalidad de los documentos exhibidos en el procedimiento de rescisión del contrato, ya que estas cuestiones son independientes del requerimiento.