El Tribunal Fiscal debe apreciar las pruebas ofrecidas en la fase contenciosa del procedimiento, aun cuando no se hubieran aportado en la fase oficiosa, si la ley de la materia no contempla un periodo probatorio específico para la exoneración del infractor.

El Tribunal Fiscal tiene la obligación de valorar las pruebas presentadas por el contribuyente en la etapa de controversia, incluso si estas no fueron ofrecidas durante la fase oficiosa del procedimiento. Esto es especialmente relevante cuando la ley aplicable, como en el caso de multas por infracciones a la Ley del Impuesto sobre Aguamiel y Productos de su Fermentación, no establece un periodo probatorio específico para que el presunto infractor pueda eximirse de las responsabilidades imputadas. La falta de oportunidad para la defensa del quejoso en la fase oficiosa refuerza la necesidad de admitir y apreciar las pruebas en la fase contenciosa.