La Ley Federal de Austeridad Republicana es constitucional, pues el Congreso de la Unión cuenta con facultades implícitas para legislar en materia de gasto público federal y los principios que lo rigen, como la austeridad, que se entienden como una forma de aplicar los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) ante una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores. Los promoventes argumentaron, entre otras cosas, que el Congreso carecía de facultades para legislar en materia de austeridad. El Pleno determinó que, si bien el término 'austeridad' no aparece explícitamente en la Constitución, el Congreso sí tiene facultades implícitas para regular el gasto público federal y los principios que lo rigen (eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez), siendo la austeridad una forma de aplicar dichos principios. Por lo tanto, la LFAR se consideró constitucional en este aspecto.