La retención de participaciones y aportaciones federales a los municipios por parte de los poderes estatales, sin un procedimiento legal que garantice la audiencia y el debido proceso, es inconstitucional y viola la autonomía municipal.

El Municipio de San Pedro Mixtepec promovió controversia constitucional contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca por la retención de sus participaciones y aportaciones federales. El Municipio argumentó que dicha retención violaba su autonomía y el derecho a la libre administración de su hacienda pública, al no existir un procedimiento legal que garantizara su derecho de audiencia. La Suprema Corte analizó la existencia de las órdenes de retención y la legalidad de los actos de las autoridades estatales, concluyendo que la retención de fondos sin el debido proceso es inconstitucional.