El Ayuntamiento debe acatar los mandatos judiciales y adoptar los mecanismos legales para cumplir la condena impuesta en el laudo, pudiendo solicitar al Congreso del Estado autorización para ajustes presupuestales o la enajenación de bienes, a fin de no contravenir derechos humanos y cubrir obligaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió al Ayuntamiento de Ozuluama que cumpla con la condena de pago impuesta en un laudo laboral. Se le instruyó adoptar los mecanismos legales necesarios, incluyendo la solicitud al Congreso del Estado para ajustes presupuestales o la autorización de venta de bienes, si no puede cubrir la deuda con ingresos propios sin afectar su operatividad o recursos federales como el Ramo 33. El objetivo es garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y el cumplimiento de las obligaciones.