Las legislaturas estatales pueden expedir leyes que establezcan una normativa homogénea para garantizar el funcionamiento regular de los ayuntamientos, pero no deben intervenir en asuntos que corresponden exclusivamente a los municipios, como la expedición de licencias de construcción, sin perjuicio de que el Congreso local sí tenga facultades para legislar en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la reforma constitucional de 1999 que buscaba fortalecer la autonomía municipal. Si bien reconoció la facultad reglamentaria de los municipios en la organización de su administración y materias de competencia, también estableció que esta debe ejercerse dentro del marco de las leyes estatales. En el caso específico, se determinó que el municipio de Campeche no podía alegar la invasión de competencias del Congreso de la Unión por parte del Congreso local en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, ya que él mismo no estaba defendiendo una afectación directa a su esfera competencial.