La omisión legislativa en materia ambiental, reclamada a través del juicio de amparo, debe interpretarse a la luz de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano y la información técnica especializada, a fin de determinar la existencia de un deber concreto de legislar.

El presente caso analiza si la omisión de legislar en materia ambiental, reclamada por la recurrente, debe interpretarse a la luz de los compromisos internacionales del Estado mexicano y la información técnica especializada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la protección del medio ambiente implica un deber colectivo y solidario, que requiere acciones integrales y sostenidas, y que la obligación estatal no se agota en la emisión de normas formales, sino que debe considerar instrumentos como el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones contaminantes.