La regresividad de una medida legislativa que restringe derechos humanos en materia de energía eléctrica exige una justificación plena y una carga probatoria y argumentativa a cargo del Estado, superando un escrutinio judicial estricto.

El caso analiza la constitucionalidad de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que restringen los derechos humanos en materia de energía. Se determina que una medida legislativa regresiva debe ser plenamente justificada y superar un test de proporcionalidad con escrutinio estricto, cuya carga probatoria recae en el Estado. Al no cumplirse estos requisitos, se declaran inconstitucionales e inconvencionales los preceptos impugnados.