La notificación de actos administrativos es un requisito de eficacia y una garantía jurídica para los administrados, debiendo cumplir con formalidades específicas para su validez.

El Tribunal determinó que la notificación de la resolución que impuso una multa a la actora fue ilegal, ya que no cumplió con las formalidades establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Específicamente, la diligencia de notificación no se circunstanció adecuadamente respecto al domicilio y a la persona que atendió la diligencia, ni se identificó debidamente. Adicionalmente, se determinó que operó la caducidad del procedimiento administrativo, ya que la autoridad emitió la resolución fuera de los plazos legales establecidos, lo que condujo a la nulidad de la multa impuesta.