La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Tribunal Colegiado sí acató la ejecutoria previa, al conceder la indemnización correspondiente en lugar de la reinstalación, en virtud de la prohibición constitucional para ocupar puestos en instituciones de seguridad pública.
El presente asunto deriva de un juicio de amparo directo en revisión donde se determinó si un Tribunal Colegiado acató una ejecutoria previa de la Suprema Corte. La Primera Sala resolvió que el Tribunal Colegiado sí cumplió con el fallo anterior al conceder una indemnización en lugar de la reinstalación solicitada, basándose en la prohibición constitucional de reinstalar a personal que presta servicios en instituciones de seguridad pública, lo cual era aplicable al caso.
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