La suspensión provisional se concedió para el efecto de que las autoridades responsables levantaran el embargo precautorio decretado respecto de una cuenta bancaria a nombre de la empresa quejosa, y que ésta tuviera plena disposición de los fondos de dicha cuenta. Los agravios son infundados, porque la medida cautelar, en los términos en que fue otorgada, no contraviene disposiciones de orden público ni afecta el interés social, por lo que cumple el requisito que prevé la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo. Además, no era procedente, como lo sostuvo la recurrente, que la concesión de la suspensión provisional se llevara a efecto solamente para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, pues sí era posible, en atención a las circunstancias del caso, concederla con efectos restitutorios.