La derogación de las normas impugnadas en una controversia constitucional actualiza una causa de improcedencia por cesación de efectos, al desaparecer del orden jurídico las disposiciones reclamadas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 70/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Tamaulipas, por la expedición de diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Altamira para el ejercicio fiscal 2025. Sin embargo, durante el trámite del juicio, las normas impugnadas fueron derogadas. Por lo anterior, la Corte determinó que la derogación de las normas actualiza una causa de improcedencia por cesación de efectos, al haber desaparecido del orden jurídico las disposiciones reclamadas.
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