El uso del espacio público no puede ser sancionado como infracción contra la seguridad ciudadana si se realiza sin autorización previa, pues ello constituye una restricción indebida a las libertades de expresión y reunión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad del artículo 14, apartado A, fracción XVI, de la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit, que sancionaba el uso del espacio público sin autorización. La Corte determinó que esta disposición vulnera los derechos de libertad de expresión y reunión, al establecer una exigencia de autorización previa que funciona como censura indirecta y limita la participación ciudadana en el espacio público, el cual es esencial para la deliberación democrática. Por lo tanto, se declaró la invalidez del precepto impugnado.