La caducidad de la instancia administrativa constituye un principio de seguridad jurídica que impone a la autoridad la obligación de resolver los procedimientos en un plazo determinado, a fin de evitar la incertidumbre jurídica de los particulares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la figura de la caducidad en procedimientos administrativos. Se determina que la ausencia de un plazo perentorio para la resolución de los mismos genera incertidumbre jurídica para los particulares, ya que los actos de molestia o privativos de la autoridad podrían prolongarse indefinidamente. La caducidad, al establecer un límite temporal, opera como un mecanismo de defensa que brinda estabilidad y certeza a los gobernados, obligando a la autoridad a definir la situación jurídica en un tiempo razonable.