La presunción de inocencia, como estándar probatorio, exige la absolución del inculpado ante la insuficiencia de pruebas de cargo para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal.

El criterio aborda la presunción de inocencia como estándar probatorio, enfatizando que esta norma obliga a los jueces a absolver al acusado si no se han presentado pruebas suficientes para demostrar la comisión del delito y la responsabilidad penal. Se distingue entre pruebas de cargo directas e indirectas, y se evalúa si las condiciones normativas de los tipos penales generan una presunción de responsabilidad que infrinja este principio fundamental, revirtiendo la carga de la prueba al inculpado.