La caducidad del procedimiento administrativo opera cuando la autoridad excede los plazos legales para dictar resolución, lo cual anula las facultades de comprobación y la resolución emitida.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de una multa impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor debido a la caducidad del procedimiento administrativo. Se determinó que la autoridad excedió los plazos legales para emitir la resolución, lo que extinguió sus facultades para sancionar, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Protección al Consumidor. La aplicación supletoria del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fue clave para establecer la caducidad.