La inconstitucionalidad de porciones normativas que no establecen un límite de tiempo a la autoridad para emitir la resolución en un procedimiento administrativo sancionador que determine la imposición de una multa, al violar el principio de seguridad jurídica.

El caso se relaciona con una multa impuesta por la CONDUSEF a una institución financiera por omitir proporcionar información crediticia. La empresa impugnó la multa, pero tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le negaron el amparo. La Suprema Corte analiza la constitucionalidad del artículo 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, argumentando que la falta de un plazo para que la autoridad emita la resolución en un procedimiento administrativo sancionador viola el principio de seguridad jurídica.