La concesión de pensiones por jubilación a cargo del presupuesto del Poder Judicial, sin la transferencia de recursos suficientes, vulnera su autonomía presupuestaria y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto legislativo que otorgaba una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin transferir los recursos necesarios. La Corte determinó que esta acción vulnera la autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial, al constituir una forma de subordinación y una intromisión indebida en la gestión de sus recursos, lo cual contraviene el principio de división de poderes. En consecuencia, se declaró la invalidez parcial del decreto en la parte que ordenaba el pago con cargo a partidas presupuestales específicas sin la debida asignación de fondos.