Se concede la protección constitucional, toda vez que se detecta una violación procesal en la sustanciación del recurso de apelación que originó la emisión de la sentencia reclamada, por infracción al principio de imparcialidad en su vertiente objetiva y, por tanto, el diverso de inmediación que rigen el proceso penal acusatorio y oral, ya que la sentencia reclamada fue pronunciada por un tribunal de alzada integrado por magistrado que previamente intervino como integrante del propio órgano colegiado, en resolución del recurso de apelación hecho valer contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar, en la que de manera expresa refirió haberse impuesto de los registros previos de la causa de juicio oral objeto del acto reclamado, por lo que su apreciación podrá estar condicionada por el conocimiento previo que pudo tener de los hechos.