La multa impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor es ilegal al no estar debidamente fundada y motivada, ya que la autoridad no valoró el dictamen técnico que acreditaba el correcto funcionamiento del vehículo y la ausencia de fallas posteriores a la revisión.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de una multa impuesta a un proveedor por la Procuraduría Federal del Consumidor. La multa se basó en la presunta falta de calidad en la reparación de un vehículo y la persistencia de fallas. Sin embargo, el Tribunal determinó que la autoridad no fundó ni motivó adecuadamente la sanción, al omitir considerar un dictamen técnico que acreditaba el correcto funcionamiento del vehículo y la ausencia de fallas posteriores, lo que dejó al actor en estado de indefensión.