El nombramiento de interventor con cargo a la caja, dictado en el procedimiento administrativo de ejecución, constituye un acto que afecta el interés jurídico del contribuyente, susceptible de impugnarse a través del juicio contencioso administrativo.

El nombramiento de un interventor con cargo a la caja, dentro del procedimiento administrativo de ejecución, afecta el interés jurídico del contribuyente y, por ende, es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo. Esto se debe a que dicha intervención limita severamente la disposición del patrimonio del contribuyente y puede generar perjuicios irreparables, además de que los informes del interventor pueden derivar en medidas más drásticas como la administración o enajenación del negocio.