La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver acciones de inconstitucionalidad, debe privilegiar el estudio de las violaciones formales sobre las de fondo, pues aquellas pueden invalidar totalmente la norma impugnada, haciendo innecesario el análisis de estas últimas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la oportunidad y legitimación en acciones de inconstitucionalidad promovidas contra reformas a la Ley de Transporte Público y al Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Se determina que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está legitimada, pero la promovida por diputados se desecha por no representar una minoría parlamentaria. En cuanto al fondo, se examinan violaciones al proceso legislativo, concluyendo que, si bien hubo irregularidades en los plazos de notificación de los dictámenes, estas no fueron de tal magnitud para invalidar las normas, ya que se respetaron los principios de publicidad, participación y votación.