El incumplimiento de una sentencia de amparo, aun cuando sea justificado, obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a otorgar un plazo razonable para su cumplimiento, el cual, de no ser satisfecho, puede derivar en la separación del cargo y consignación de la autoridad responsable.

El Congreso del Estado de Morelos aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, asignando fondos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y estableciendo que dentro de estos se cubrirían erogaciones de seguridad social, como el pago a jubilados y pensionados. El Instituto argumentó que no contaba con recursos suficientes para cubrir dichas prestaciones. La Corte determinó que, si bien la asignación presupuestal pudo ser mayor, esto no acredita que los fondos transferidos fueran suficientes para cumplir la obligación. Se enfatiza que el incumplimiento de una sentencia de amparo, incluso justificado, requiere un plazo para su cumplimiento, y de no ocurrir, se procederá a la separación y consignación de la autoridad responsable.