El Congreso local no puede disponer directamente de los recursos financieros del Poder Judicial local para cubrir el pago de pensiones, sin la intervención de este último y sin determinar la fuente de pago o la partida presupuestal específica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez parcial de un decreto del Congreso del Estado de Morelos que ordenaba al Poder Judicial local cubrir el pago de pensiones con cargo a una partida presupuestal específica. Se consideró que el Congreso no puede disponer directamente de los recursos del Poder Judicial sin su intervención y sin precisar la fuente de financiamiento, vulnerando la autonomía presupuestal del Poder Judicial.