El Congreso del Estado tiene la obligación de asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de las sentencias de amparo, y su incumplimiento, aun cuando sea justificado, puede dar lugar a la imposición de sanciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el incumplimiento de una sentencia de amparo por parte del Congreso del Estado de Morelos en relación con la asignación presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones del Tribunal Superior de Justicia. Se determina que, si bien el Congreso aprobó presupuestos para dichos fines, la cantidad asignada en 2023 fue significativamente menor a la de años anteriores, lo que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. La Corte recuerda que el incumplimiento de una sentencia de amparo, incluso si es justificado, puede acarrear sanciones si no se cumple en un plazo razonable.