El proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, así como su reforma, no pueden dar lugar a exigir el pago de una preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, si el contribuyente no ejerció su derecho de prueba en los plazos previstos.

El presente fallo sobresee parcialmente el juicio de amparo promovido contra diversas disposiciones fiscales relacionadas con la contabilidad electrónica y las reglas misceláneas fiscales. Sin embargo, niega el amparo respecto de otros actos reclamados, incluyendo artículos del Código Fiscal de la Federación y reglamentos. Finalmente, concede el amparo para el efecto de que el proceso legislativo de ciertas disposiciones no puede justificar el cobro de una preliquidación mediante ejecución forzosa si el quejoso no ejerció su derecho a ofrecer pruebas.