La invalidez parcial de un decreto que otorga una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial de una entidad federativa se declara cuando el Poder Legislativo impone dicha carga sin transferir los recursos necesarios, lesionando así la autonomía presupuestal y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto legislativo que le imponía el pago de una pensión por jubilación. La Corte determinó que, si bien el Congreso tiene facultad para otorgar pensiones, no puede hacerlo a costa del presupuesto de otro Poder sin la transferencia de los recursos suficientes. Dicha acción vulnera la autonomía presupuestal y el principio de división de poderes, por lo que se declaró la invalidez parcial del decreto en la porción que obligaba al Poder Judicial a cubrir la pensión sin la debida suficiencia presupuestaria.