La participación del Poder Ejecutivo en el proceso de creación de una norma es susceptible de ser analizada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando se trate de la ausencia de conceptos de invalidez.

El Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de su consejero jurídico, contestó la demanda interpuesta contra una norma, sosteniendo su constitucionalidad. La Suprema Corte determinó que, a pesar de la posible ausencia de conceptos de invalidez, la participación del Poder Ejecutivo en la creación de la norma hace que su actuación sea analizable en el proceso, por lo que no procede el sobreseimiento por ese motivo.