La exención del Impuesto al Valor Agregado para el transporte público terrestre de personas se limita a los servicios prestados exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas, con el fin de ampliar la base gravable del impuesto y proteger a los hogares de menores ingresos.

El presente caso analiza la constitucionalidad de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el transporte público terrestre de personas, específicamente la limitación de dicha exención a los servicios prestados en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas. La propuesta legislativa busca ampliar la base gravable del IVA y proteger a los hogares de menores ingresos, dado que estos dependen en mayor medida del transporte público urbano y suburbano. Se argumenta que esta medida es necesaria para la hacienda pública y equitativa en su impacto social.