La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la interpretación del artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con las prestaciones de previsión social otorgadas a trabajadores no sindicalizados, debe realizarse atendiendo a los principios de generalidad y equidad, sin que ello implique una distinción inconstitucional entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

El caso aborda la interpretación del artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, referente a la deducción de gastos de previsión social para trabajadores no sindicalizados. La discusión se centra en si las limitantes establecidas para estos trabajadores, en comparación con los sindicalizados, resultan equitativas y no discriminatorias. La Corte analiza si el requisito de que las erogaciones sean en promedio aritmético iguales o menores que las de los sindicalizados, o el límite de diez veces el salario mínimo anual en ausencia de sindicalizados, contraviene algún principio constitucional. Se busca asegurar que las prestaciones de previsión social beneficien a los trabajadores de menores ingresos y eviten prácticas de elusión fiscal, manteniendo la base gravable del impuesto.