El derecho a la defensa adecuada, como parte del núcleo duro del debido proceso, debe observarse en todo procedimiento jurisdiccional, incluyendo aquellos de carácter fiscal, migratorio o administrativo, garantizando al gobernado las formalidades esenciales para una defensa efectiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 388/2022, determinó que el derecho a la defensa adecuada es una garantía fundamental del debido proceso que debe aplicarse en todos los procedimientos jurisdiccionales, sin excepción. Se enfatiza que esta garantía, junto con otras formalidades esenciales, constituye un "núcleo duro" que debe respetarse inexcusablemente, incluso en materias como la fiscal, migratoria o administrativa, para asegurar que los gobernados tengan un acceso real a la justicia y un debido proceso.