En el proyecto se propone resolver el asunto en el sentido de revocar el acuerdo recurrido, toda vez que el Juzgado de origen aplicó incorrectamente la metodología jurisprudencialmente prevista para resolver respecto de la concesión de la medida cautelar en los casos en los que se reclame un acto de naturaleza omisiva. En consecuencia, se concede la medida cautelar para efecto de que la autoridad responsable y las vinculadas al cumplimiento, a la brevedad posible, instruyan el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado y emitan la resolución definitiva correspondiente, pues se ha rebasado el plazo de 03 meses previsto legalmente para ello.