La inconstitucionalidad de una norma general, o la interpretación directa de preceptos constitucionales, son cuestiones de constitucionalidad que deben ser analizadas por el órgano de amparo cuando son planteadas por el quejoso.

El Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 8, fracción XI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual fue planteada por los recurrentes bajo el argumento de que dicho precepto es impreciso y viola el principio de legalidad, así como los derechos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia. La Suprema Corte determinó que el Tribunal Colegiado debió analizar estas cuestiones de constitucionalidad, ya que se refieren a la interpretación directa de preceptos constitucionales y a la inconstitucionalidad de una norma general.